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Al final del
primer mes del 2006, por ser un tema
evidentemente técnico y sobre el cual se está
ocupando la prensa profusamente, nos vemos en la
obligación de comentar sobre las desviaciones
que se le está dando al grave y lamentable caso
de la ciudad de la Oroya, ciudad que hace mas de
70 años es castigada por la contaminación
ambiental, producto de la actividad minera en la
zona. Las proporciones del daño irreversible
ocasionado a la salud humana no tiene paralelo
en otros yacimientos que se desarrollan
exitosamente, por lo menos, dentro del país.
Solo nos viene a la memoria Hiroshima, que el
gobierno japonés ya hace muchos años logró
restablecer las condiciones ambientales a
niveles tolerables, en esa ciudad. Es muy
lamentable que los instrumentos normativos que
dispone el Estado Peruano para manejar atentados
permanentes de esta naturaleza contra la salud
de tantos compatriotas no le permita actuar con
celeridad y justicia. El Estado está en la
obligación de priorizar lo que es primero: es
decir la salud de alrededor de 50,000 peruanos
afectados y amenazados hoy no solo por el medio
ambiente degradado esta vez por DOE RUN, sino
también por la intimidación que surge de los
problemas financieros de dicha empresa que la
conducirían al cierre de numerosos puestos de
trabajo y a un problema social que el alcalde de
Oroya desea evitar. Repetimos este es un
problema técnico, no político, en el cual deben
prevalecer las evaluaciones técnicas para
adoptar las medidas que preserven los justos
derechos de tanta gente.
En este boletín incluimos material reciente y
novedades diversas sobre el sector de energía y
electricidad, entre las cuales cabe destacar
algunas notas sobre algunas dificultades de
REPSOL y de otra parte incluimos notas que han
aparecido sobre el antiguo escándalo de ENRON. |
