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¿A la quinta
podrá ir la vencida?. De las abundantes
notas sobre la nueva catástrofe ocurrida en
el gasoducto, en esta primera quincena de
marzo, hemos seleccionado algunas.
Resulta muy extraño que ante evidencias de
incumplimientos elementales como: 1.- la
deplorable calidad de la instalación del
gasoducto, 2.- los enormes daños ambientales
provocados y que seguirá provocando esta
deficiente instalación de ingeniería 3.- las
graves consecuencias de incumplimiento de
compromisos de abastecimientos que pueden
producirse y el posible aumento de las
tarifas eléctricas; se intente tapar el sol
con un dedo y que sean precisamente
funcionarios del gobierno los que aventuren
comentarios que hablen de “sabotaje” o que
señalen que “no hay un impacto mayor” y que
por tanto no se va a incluir la evaluación
del daño ambiental en los términos de la
convocatoria de una consultora
especializada. Mientras tanto la Defensoría
del Pueblo ha registrado casos de muertes,
síndrome de influenza, enfermedades
respiratorias e incremento de otras
patologías, en los lugares por donde pasa el
ducto.
En su revista sabatina “El Comercio”
califica de grotesca, la manera como los
responsables del gobierno “quieren zafar el
bulto”.
Creemos que los linderos de control de la
responsabilidad técnica deben demarcarse con
mayor precisión dentro de normas,
reglamentos y procedimientos terminantes,
precisos, de tal manera que deje muy poco
margen para politizar el tema. La forma de
hacerlo, es definiendo procedimientos de
fiscalización y control en base a normas
internacionales muy estrictas y otorgando
facultades de penalización categóricas que
deben ser ejercidas por órganos de
supervisión, fiscalización o control técnico
de parte del gobierno. Esto debía ser
OSINERG, sin duda.
Estamos descubriendo recién que no estábamos
preparados técnicamente para ejercer el
control ni en la etapa constructiva y menos
ahora en la etapa de explotación de una
instalación técnica tan importante. Este
negocio monopólico se puede ejercer en
detrimento de los intereses del país cuando
faltan normas de control estrictas no solo
de parte de OSINERG sino de parte de
INDECOPI.
La siguiente instancia, que es la jurídica,
a la que acuden presurosas estas
concesionarias, también está haciendo agua.
Aunque esto no es novedad. Los dos primeros
procesos de pago de multas ya están por
supuesto en proceso judicial. El desenlace,
no es posible predecirlo. Cualquier cosa
puede pasar. |
