|
La Auditoria
de los ductos de Camisea viene procesándose
en estos días y bajo graves objeciones.
Una Comisión Ad Hoc, dispuesta por D.S. N°
017-2006-PCM para el proceso de selección de
la auditoria, ya ha cursado invitaciones a
solo 11 empresas del mundo, anticipadamente
escogidas, otorgándoles plazos demasiados
cortos como para que participen debidamente
en el concurso, según opinión del Colegio de
Ingenieros del Perú.
Ha trascendido que el 09 de Junio último, la
delegación del CIP que debía intervenir en
dicho concurso, en representación de la
Sociedad Civil, renunció a tal Comisión
mediante carta dirigida al Ministro de
Energía y Minas, expresando su
disconformidad al no haber sido tomada en
cuenta sus exhortaciones para que se revisen
los Términos de Referencia respectivos, los
plazos previstos y sobre la obligación de
que se diseñe un proceso conducido
mayoritariamente por la Sociedad Civil.
En los términos de la renuncia, se observa
la precipitación de las autoridades en la
convocatoria al concurso y la falta de
imparcialidad en la intención de la
Comisión. Se señala que la auditoria debería
ponerse en manos de entidades que no hayan
estado involucradas en los contratos, como
el CIP, la UNI y la Defensoría del Pueblo.
Ahora, en cambio, se encuentra bajo el
manejo de las partes precisamente
involucradas directa o indirectamente en el
desarrollo de los lamentables
acontecimientos que deben auditarse, como
son los contratistas, el MINEM y OSINERG.
Estas son señales alarmantes de una evidente
falta de transparencia que cometen las
entidades involucradas y son hechos que no
deberían ser tolerados por la Defensoría del
Pueblo.
Las recurrentes fallas en los ductos, al
poco tiempo de su puesta en servicio,
revelan graves deficiencias o en la
ingeniería, o en la obra de este proyecto de
tanta trascendencia, de interés nacional, de
carácter estratégico. Cláusulas que
contemplen resolución automática de contrato
en los casos extremos como los que se han
dado, provocando incalculables daños
ambientales y sociales, deberían haberse
incluido en los contratos de obra y/o
operación.
Bajo la inaceptable hipótesis de que las 5
roturas de los ductos fuesen normales,
solamente sumando los cuantiosos daños
ambientales, cualquier estudio de
factibilidad hubiera pulverizado todo
cálculo del beneficio del proyecto.
Creemos entonces, que la Auditoría debería
haber abarcado la revisión y la búsqueda de
consistencia desde los estudios de
preinversión, la ingeniería definitiva, la
eficacia de la supervisión, la coherencia de
los contratos y las responsabilidades de los
entes involucrados y particularmente las
responsabilidades entremezcladas: la
construcción y la operación que recae en
Transportadora del Gas del Perú.
En otra señal maliciosa o de exceso de
soberbia, (según despacho de Prensa Latina
del 12.06.06 que incluimos en este boletín)
Transportadora de Gas ha opinado que
cualquiera sea el resultado de la auditoria
se quedaría por los 30 años que dice el
contrato firmado, en lo que muchos
observadores consideran una actitud
prepotente que no ha tenido respuesta de las
autoridades: MINEM, PCM ni OSINERG. |
